El artículo
El Parlamento no puede delinquir
publicado en DEIA el 12 de octuibre de 2002 por Lidia Falcón critica y denuncia las flagrantes violaciones del Derecho perpetradas por el juez Garzón y el Fiscal general del Estado y el irresponsable apoyo a las mismas por la judicatura y los partidos políticos españoles.

Ante la conducta del juez Garzón, del Fiscal General del Estado y del Consejo del Poder Judicial, no cabe duda de que la crisis de la justicia española, que vengo denunciando desde hace más de veinte años, ha alcanzado su punto de inflexión más grave. Las incomprensibles decisiones tomadas por el juez Baltasar Garzón, de consecuencias peligrosas, que ensombrecen la vida y el futuro de nuestro país, me inducen a pensar que los fundamentos generales del derecho, aceptados en un consenso voluntario y gratamente aceptados por los países democráticos, y sancionados por las leyes fundamentales aprobadas en España, se hallan en suspenso por la decisión unilateral de un solo magistrado. Pero, y lo que es más grave, esta decisión se halla apoyada, y hasta jaleada, por el conjunto de los jueces y fiscales españoles. La conducta de este magistrado, aprobada con grandes aplausos por los partidos políticos mayoritarios ­no sé si todos sus afiliados y votantes están absolutamente de acuerdo con sus direcciones­ se parece más a la de un gobernante autocrático que a la de un juez sereno y objetivo. Para darle mayores ánimos a Garzón, el resto de los participantes del Consejo del Poder Judicial se une a él en una piña corporativa y acrítica, con el fin de defender los intereses de grupo antes que los del Estado democrático

Hace meses que las declaraciones de Garzón ante los medios de comunicación hubieran sido motivo de crítica por parte de la opinión pública, y de repulsa y advertencia por parte del Consejo del Poder Judicial, en cualquier país que defienda sinceramente la independencia de los poderes del Estado y exija a sus jueces la ponderación, objetividad y serenidad, así como el alejamiento de vanidades y protagonismos, a que están obligados.

Garzón se ha atrevido a opinar sobre la oportunidad de aprobar la Ley de Partidos e incluso sobre su contenido, y ha manifestado una beligerancia personal, que por sí misma lo hacía recusable por la enemistad manifiesta que demuestra, previamente a sus actuaciones contra Batasuna, afirmando que «la ley está para ser aplicada». Y sin que ni siquiera se hubiera instado la acción para ilegalizar a Batasuna, se erigió en protagonista de esta batalla, dictando autos a diestro y siniestro que han invadido las competencias del Parlamento español, de los Parlamentos autonómicos y del Gobierno vasco.

Para apoyar esta personal y peculiar cruzada de Garzón, que se adelanta, y no se sabe hasta qué punto interferirá con la acción de la Fiscalía del Estado en su solicitud de ilegalización de Batasuna, el fiscal general, después de realizar, con absoluta impavidez, unas impresentables declaraciones públicas comparando al País Vasco con Stalingrado, amenaza ahora con querellarse contra ¡todo el Parlamento vasco! por la comisión de no se sabe qué delitos.

Es una lección de primer curso de Derecho Penal saber que un Parlamento no puede delinquir, porque los delitos los cometen las personas físicas y no las instituciones. De esto se sigue que las amenazas de Cardenal sobre querellas contra todo el Parlamento vasco, entran más en el terreno de las provocaciones chulescas, que jamás un cargo público de su categoría y de sus características puede permitirse, que de la actuación siempre ponderada y oscura que debe constituir la norma de un fiscal del Estado. Amenazas que están en consonancia con los trenos apocalípticos que utiliza el gobierno contra todos los que no están de acuerdo con él, pero que dado el talante del Partido Popular y la agresividad que permite la política, no pueden compararse con la conducta que hay que exigir a los miembros de la judicatura y la fiscalía.

Es imprescindible también precisar, para que la ciudadanía conozca con veracidad los principios de nuestro ordenamiento jurídico, tan manipulado y falsificado en los últimos tiempos, que la negativa a acatar una orden judicial no es un delito si ésta no es firme, ya que caben recursos varios contra ella, que se contemplan en nuestro derecho procesal, para garantizar precisamente la corrección de excesos que todo ser humano puede cometer, aunque sea juez. De otro modo, los ciudadanos no tendrían defensa ante arbitrariedades judiciales inamovibles. Por tanto, hay que señalar que el Parlamento como tal no es sujeto de acciones penales y que contra las resoluciones del juez Garzón caben todavía varios recursos, lo que invalida y rechaza las amenazas e insultos que todos los días prodigan los ‘‘populares’’ y socialistas contra el Gobierno y el Parlamento vascos, con los que pretenden crear un clima de opinión pública sectario contra el nacionalismo, cuyos frutos envenenados comeremos todos, incluidos los que desencadenan vientos que traerán peligrosas tempestades.

Producir una ideología hostil a los nacionalismos en un país como España, nación de naciones, compuesta por diferentes pueblos y culturas que mantienen variados y muy profundos sentimientos nacionalistas desde hace muchos siglos, lo que ha provocado diversos y sangrientos conflictos en el curso de nuestra historia, azuzando las reacciones más primitivas y xenófobas en aquellos que no comparten esos sentimientos ­pero que abrigan otros semejantes respecto a su propio territorio aunque pretendan disimularlo­, es una conducta irresponsable que sólo puede acarrear males, entre los que se puede temer el propio suicidio moral y político de los culpables. Sobre todo cuando esta conducta la siguen los políticos con importantes responsabilidades, y cuyo ejercicio se convierte en ejemplar para el resto de la ciudadanía. Las amenazas de Rodríguez Ibarra pidiendo la suspensión de la autonomía de Euskadi, las afirmaciones fascistas de Jon Juaristi sobre la ikurriña, las estúpidas declaraciones de Rosa Aguilar, que desde su cómoda vecindad cordobesa no entiende nada del nacionalismo vasco, el dogmatismo de Paco Frutos que mantiene un centralismo trasnochado que no sabe aplicar la democracia dentro de la federación, y que crean una nueva división en el seno de IU­como si no tuvieran bastantes­, la convocatoria de contramanifestaciones en el contencioso de Batasuna, azuzan el clima de enfrentamiento y enemistad que han logrado crear entre diversos sectores de la población vasca y buena parte de los demás españoles.

En resumidas cuentas, la guerra de los partidos políticos, los jueces y los gobernantes, anula las últimas derrotas de ETA después de las detenciones de varios de sus dirigentes. Esta conducta de los protagonistas políticos, y lo que es más penoso, de los responsables de administrar la justicia, que en vez de intentar resolver políticamente las divergencias entre nacionalistas y no nacionalistas atizan el conflicto y plantean enfrentamientos irresolubles, le está otorgando a la organización terrorista sus mayores triunfos. Ahora, los fanáticos que siempre han mantenido la violencia, tienen nuevos argumentos para demostrar la certeza de su tesis acerca del inevitable enfrentamiento del País Vasco con el Estado español y la única vía de la lucha armada para lograr sus aspiraciones. ¡Qué más podían querer!